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La solución global contra el plástico

 

OPINIÓN No necesitamos más declaraciones, resoluciones o convenciones para acabar con los plásticos en los océanos. Necesitamos acción, defiende Oliver Tickell.

 

En una cumbre mundial que reúne a científicos y dirigentes de 200 países, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado en Nairobi (Kenia) una resolución para poner fin a la basura marina. Esta determinación de acabar con los plásticos en el mar tiene como fecha clave 2025, cuando lo países tendrán que "prevenir y reducir significativamente la contaminación de todo tipo en los océanos, en particular la relacionada con las actividades de la tierra, los desechos marinos y la contaminación por nutrientes”

Si todas las naciones cumplen en el futuro la resolución que han suscrito, el problema en los océanos estaría prácticamente resuelto. Pero no lo harán. Para empezar porque no están obligados legalmente (debido a las presiones de EEUU, China y la India); además de que la resolución solo “invita”, “urge” y “pide”, pero en ningún caso impone, obliga o exige. Y, aunque hubiese un vínculo legal, las garantías de cumplir con lo firmado tampoco serían muy altas.

¿Por qué estamos tan seguros?

Un importante conjunto de leyes internacionales ya prohíbe la contaminación de los océanos y basuras marinas. Y no es que se cumplan, precisamente.

Trabajo en Artists Project Earth, una ONG medioambiental que busca un acuerdo internacional para reducir las basuras de los fondos oceánicos. Durante mi labor he revisado numerosas convenciones internacionales, así como los diferentes instrumentos legales que entran en juego (puedes consultar el informe en inglés aquí).

He descubierto que los países que permiten que las basuras lleguen hasta sus mares ya inclumplen varias leyes, con total impunidad. Tal y como ocurre con el ignorado artículo 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que recoge lo siguiente:

“Prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos los medios más viables de que dispongan y en la medida de sus posibilidades, y se esforzarán por armonizar sus políticas al respecto. Estas medidas incluirán, entre otras, las destinadas a reducir en el mayor grado posible: La evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, especialmente las de carácter persistente, desde fuentes terrestres, desde la atmósfera o a través de ella, o por vertimiento; [and] incluyendo las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina”.

El convenio de Londres de 1972, sobre vertidos a mares y océanos, recoge objetivos similares; mientras que el de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, también llama a la acción, en concreto a evitar que los plásticos de sus costas lleguen hasta las de otros estados, solo porque califican la basura plástica como peligrosa en su legislación. Todos estos acuerdos son solo dosieres repletos de buenas intenciones.

Y no solo se han firmado pactos internacionales, más numerosos todavía son los convenios regionales, como el que protege el Atlántico del Nordeste (Convención OSPAR); el Mar Mediterráneo (Convención de Barcelona); el Báltico (Convención de Helsinki); el Mar Negro (Convención de Bucarest); y el Caribe (Convención de Cartagena), muchos de los cuales recogen determinaciones firmes para acabar con la contaminación en el mar. Sobre todo el acuerdo de Barcelona, que habla específicamente de la basura marina, definiéndola como: “Cualquier material sólido persistente, manufacturado o procesado, que se desecha o abandona en el ambiente marino y costero".

La fecha límite que marcaba este convenio para cumplir con ciertas acciones programadas era 2017 cuando los países debían haber “explorado e implementado medidas de prevención” incluyendo una estrategia de amplia responsabilidad haciendo que “productores, fabricantes, propietarios de marcas e importadores” fuesen responsables del control del “ciclo de vida completo de un producto, priorizando la jerarquía de gestión de residuos”.

La fecha límite ha pasado y ninguna de estas obligaciones se ha cumplido, y lo mismo se aplica a los países que han suscrito convenios similares.

La experiencia parece indicar que el nuevo acuerdo para evitar la contaminación en el mar pasará a ser uno más. Uno de tantos.

Y, para que se cumpla, no se necesitan más acuerdos, convenciones, tratados, resoluciones y declaraciones; lo que hace falta de verdad son medidas legales y tribunales internacionales que obliguen a adoptar los pasos necesarios.

Una tarea complicada, teniendo en cuenta que no existe una fuerza policial oficial, ni un servicio internacional que se encargue. Así que los únicos que pueden hacer algo de verdad son los países que firman el tratado en cuestión, pero la mayoría no lo hace por razones políticas, financieras y diplomáticas.

En última instancia el poder está en la sociedad civil, que debe invocar el poder moral de la leyes internacionales para hacer que los gobiernos cumplan sus obligaciones legales e impulsar a los estados más progresistas en materia de medio ambiente, para que busquen vías legales que obliguen a pagar a los infractores.

Más detalles en el informe “Leyes internacionales y contaminación plástica de los océanos: cómo hacer que los culpables rindan cuentas”, disponible aquí.

Oliver Tickell contribuye como editor en la revista medioambiental Resurgence & Ecologist.

 

Si todas las naciones cumplen en el futuro la resolución que han suscrito, el problema en los océanos estaría prácticamente resuelto.